Piden a próximas autoridades federales atender crisis hídrica

Redes internacionales en defensa del agua se pronunciaron para solicitar a las próximas autoridades federales, que entrarán en funciones el próximo 1 de octubre, la incorporación en su plan de trabajo para la atención a la crisis en la gestión del agua.

Las organizaciones civiles indican que es imperativo mayor transparencia e inversión en el sector y un modelo de gestión integral y ecosistémico asegurando la participación efectiva y el ejercicio de los derechos humanos al agua y al saneamiento para la reducción de la desigualdad.

Sostienen que el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento es asignatura pendiente en México. Este retraso tiene graves consecuencias, como la carencia y la mala calidad del agua, lo que provoca desnutrición, epidemias y enfermedades.

Además, lleva a la pérdida de fuentes de agua y afecta la salud de los ecosistemas. Esto impacta directamente en las economías, contribuyen al cambio climático e incrementa las desigualdades y los conflictos.

Señalan que en Latinoamérica este rezago se debe, en parte, a la incoherencia de los marcos legales e instrumentos jurídicos para su ejecución y la falta de atención y priorización de distintas problemáticas sociales, ambientales, económicas y de salud.

Se estima que, en México, menos del 50 por ciento de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua.

La pobreza hídrica se exacerba en localidades rurales y periurbanas, siendo Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los que cuentan con menor porcentaje de población con suministro diario de agua en la vivienda.

Sin embargo, en Veracruz también son constantes las quejas de usuarios por falta del servicio de agua potable en distintas ciudades.

Actualmente, el 22.3 por ciento del agua concesionada está en manos del 1.1 por ciento de los usuarios del agua, usuarios privados que cuentan con concesiones. Asimismo, hay un sobre concesionamiento del agua tanto superficial como subterránea, que beneficia a industriales, embotelladoras, mineras, automotrices y empresas agropecuarias.

Se estima que al menos 20 millones de personas consumen agua con niveles de fluoruro por encima de los permisibles en el país; y que al menos 6.5 millones de niños están expuestos a concentraciones de arsénico que afectan su salud.